Fiscalía archiva proceso por escándalo de Camcomercio

FUENTE: ELHERALDO.CO| 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015

La fiscal 56 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Olga Cristancho, archivó la investigación que se seguía por fraude procesal y falsedad en documento privado en el marco del escándalo de la elección en 2012 de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

El documento, fechado el pasado 7 de septiembre y conocido en exclusiva por EL HERALDO, ordena archivar la pesquisa contra Lida Molina, Arturo Meza, Cristo Álvarez, David Cabrera, Diana Lohrer, Samuel Tcherassi y Ramón García.

La averiguación se inició por la denuncia que instauró el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, donde advierte de unas presuntas irregularidades en la creación supuestamente fraudulenta de sociedades anónimas simplificadas, SAS, con la finalidad de votar en las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla para el periodo entre 2012 y 2014.

Sobre la denuncia

Para el despacho del ente acusador “al presentar documentación errónea o al registrar datos no acordes con la realidad, se presume por parte del denunciante que la creación de estas 1.500 SAS tenía como objetivo solamente tener voz y voto en la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio el 5 de julio de 2012”.

Y advierte que “se hubiere podido producir el fraude procesal de haberse registrado tal número de sociedades y estas no hubiesen cumplido la labor para la cual fueron creadas, o por ejemplo que nunca hubiesen existido como tal y nunca hubiesen cumplido su labor ante la Dian”.

No obstante, señala la decisión que en el caso concreto “la Fiscalía, en cabeza de la suscrita, pudo determinar que la mayoría de estas SAS creadas justo antes de las elecciones de junta directiva de la Cámara de Comercio, han cumplido la labor para la cual fueron creadas”.

Concluye así la fiscal que la idea de crear las diferentes SAS consistía en “sacar al mercado un producto muy económico con la finalidad de ayudar a los empleados para que vendieran ese producto de baja gama en sus respectivos barrios” y agrega que “se mantuvo inicialmente un mismo domicilio porque fueron creadas por el líder y luego cedidas a sus empleados. Esta labor estuvo dirigida a través de la Fundación Tecnoglass”.

Estableció en este sentido el organismo investigador que en el caso de Tcherassi “no se configura una inducción en error a la Cámara de Comercio por parte de Samuel Tcherassi y los empleados a los cuales se les cedieron las empresas” y que “no hubo intención de engañar a ningún funcionario”.

Y en lo que respecta al punible de falsedad en documento privado, la Fiscalía afirma que no se tipificó, pues “se cometieron errores que a la postre resultaron ser involuntarios, pero no tuvieron la intención de inducir en error a un funcionario ni mucho menos de falsificar un documento”.

“Fue una falsa denuncia”

En julio pasado, el abogado Abelardo De la Espriella, defensor de Diana Lohrer y David Cabrera, pidió a la fiscal Cristancho el archivo de las diligencias, manifestando que lo que hubo fue un “error involuntario” al momento de transcribir las actas que daban fe de la asamblea de accionistas del 13 de agosto de 2012, llevada a cabo en la sede de la Fundación Tecnoglass, ya que “se indicó el domicilio de cada sociedad como el lugar donde se llevaron a cabo las reuniones”.

Así mismo, anotó el jurista en la misiva que “en las actas iniciales se omitió señalar la asistencia de los nuevos accionistas a la reunión de agosto de 2012”, lo que constituiría otro “error involuntario que fue corregido en julio de 2014, cuando fueron presentadas las respectivas actas aclaratorias”.

Aclaró además De la Espriella que la Fundación Tecnoglass fue creada en 2005 para “desarrollar programas sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los más de 5.000 empleados de Energía Solar y Tecnoglass”.

En 2012, agrega, fue creado “un programa de emprendimiento tendiente a constituir unos grupos de sociedades para la comercialización de productos a bajo costo, de una línea llamada Ecomax, con la finalidad de que los trabajadores comercializaran los productos en sus barrios y obtuvieran una ganancia adicional a sus ingresos laborales”.

Los 15 empleados más antiguos de las empresas se postularon como líderes de las sociedades con un capital de un millón de pesos para cada sociedad, pero debían luego ceder la representación legal a cada uno de los trabajadores, lo que se hizo en marzo de 2012 y, luego, el 13 de agosto de 2012, se hizo la asamblea de accionistas en cuestión.

El legista le dijo a EL HERALDO que en este caso “se hizo justicia, porque todo se trató de una falsa denuncia y nunca hubo ningún delito”.

El caso

La Superindustria, el 12 de julio de 2012, recibió escritos de impugnación de las elecciones, en donde se denuncia el presunto fraude. El 24 de septiembre de 2012, el superintendente para la Protección de la Competencia de la Superindustria ordenó a la Cámara de Comercio repetir las elecciones.

Frente a la decisión del ente de control, varios miembros de la junta directiva de la Cámara, que habían sido elegidos el 5 de julio de 2012, entre ellos Tcherassi, presentaron una tutela contra la Superindustria para que cesara los actos administrativos ordenados.

El juez 22 civil de barranquilla, Abelardo Andrade Meriño, admitió la tutela el 12 de octubre de 2012 “y sin ningún sustento probatorio ni motivación alguna, decreta la medida cautelar solicitada”.

Luego, el 7 de noviembre de 2012, se posesionó la presidenta (e) de la Cámara, María José Vengoechea, quien le señala al director de la Administración Judicial de Barranquilla las presuntas irregularidades en el reparto de la tutela para que le correspondiera al juez Andrade, y pide que se revoque el reparto.

Según un informe del ingeniero Rafael Balaguera enviado a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se concluye que “hubo manipulación de las bases de datos”, por lo que el 11 de enero de 2013 se insta al juez Andrade a que no decida de fondo y que devuelva el expediente por nulidad o improcedencia. Pero el juez profirió sentencia a favor de la tutela el 16 de enero de 2013. Luego esa sentencia fue revocada por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla el 5 de marzo de 2013.

La Superintendencia acató el fallo y fijó fecha para las nuevas elecciones para el 18 de abril de 2013. Pero faltando poco para las elecciones, 13 SAS que hacían parte de las 1.500 presentaron otra tutela el 16 de abril de 2013, y quedó en el Juzgado 45 Civil de Bogotá, pero los accionantes retiraron de inmediato la tutela y la radicaron nuevamente, correspondiéndole al Juzgado 19 Civil de Bogotá, siendo repartida ese mismo día y siendo proferida la medida cautelar de suspensión de las elecciones el 17 de abril de 2013.

Al día siguiente, el Juzgado 19 declaró la nulidad de lo actuado por falta de competencia y ordenó repartir nuevamente la tutela para un juez del circuito.

Ese mismo día la tutela llegó al juez 35 Civil del Circuito de Bogotá, Luis Guillermo Bolaños, que el 2 de mayo de 2013 ordena integrar y posesionar la junta directiva y dejar sin efecto la medida cautelar proferida por la Superindustria y ordena hacer nuevas elecciones con los mismos candidatos que se habían inscrito para el 5 de julio de 2012 y el mismo censo electoral, y sin la posibilidad de depurarlo.

Por “lo contradictorio del fallo”, el mismo juez lo modificó con sentencia adicional del 14 de mayo de 2013. La Superintendencia apeló y el Tribunal de Bogotá, el 20 de junio de 2013, decretó la nulidad de lo actuado por el juez 35. La Superindustria pidió al juez 35 que se separara del conocimiento de la tutela por el fraude en el reparto, pero el 4 de julio de 2013 la falló, por lo que el ente de control apeló ante el Tribunal Superior y pidió nuevamente la nulidad de lo actuado.