¿Puede Colombia ganar a GNF el pulso por Electricaribe?

FUENTE: ELHERALDO.CO | 02 de Mayo de 2017

¿Puede Colombia ganar a GNF el pulso por Electricaribe?

Juristas analizan el pleito de la compañía dueña de Electricaribe en contra del Estado colombiano. Las opiniones en torno a este proceso están divididas.

El Gobierno Nacional ha dicho que está preparado para enfrentar la demanda presentada por Gas Natural Fenosa,GNF, ante el tribunal de la ONU. Algunos juristas creen que es muy difícil que el Estado salga victorioso en este diferendo; otros consideran que es absurda la posición de la compañía española, por lo que esperan un resultado positivo para Colombia.

En la demanda, presentada en el Tribunal de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi, GNF expone en 44 páginas una serie de argumentos entre los que llaman la atención uno que asevera que entre los costeños está “arraigada una cultura del no pago” y otra que advierte que líderes políticos como Alejandro Char, Edwin Besaile, Bernardo Elías y David Barguil “alentaron la morosidad” y “aplaudieron la violencia” entre los habitantes de la Costa Atlántica.

Para la empresa “la demografía socioeconómica de la Costa Caribe, junto con el alto consumo de electricidad y la práctica arraigada de la cultura de no pago, causan que las tasas de morosidad y atrasos en la región de la Costa Caribe sean significativamente mayores que en el resto del país”, y advierte que “esta práctica arraigada del no pago y fraudes de electricidad son toleradas por entidades públicas morosas”.

También consideran que el Gobierno “reconoció la necesidad de las medidas correctivas” en la operación y regulación del servicio, pero “falló” al implementarlas; que Electricaribe ha sido objeto de una “campaña de hostigamiento gubernamental”; que luego de la notificación de la disputa, el Gobierno “ha acusado a Electricaribe y a sus accionistas con cargos inventados”; que hubo “presión política para liquidar Electricaribe y transferir sus activos a un nuevo operador”; que Colombia ha incumplido el tratado entre las partes, configurándose una “expropiación”, violando la disposición de un “trato justo y equitativo”, aplicando medidas que “no proporcionan un marco regulatorio estable”, y omitiendo garantizar “que la inversión de Gas Natural reciba protección y seguridad”.

Por lo anterior, piden una indemnización de mil millones de dólares y el pago de sus abogados y demás gastos del proceso.

En frases, la demanda reza: “aunque en diciembre de 2014 Colombia discutió con Gas Natural y Electricaribe un plan de acción para superar las deficiencias regulatorias, nunca implementó plenamente ese plan, permitiendo que la inversión de los demandantes no tuviera efecto”.

Además, observan: “irónicamente, desde que Electricaribe fue intervenida, Colombia parece haber despertado a la realidad de pagar el precio de la electricidad que estaban obligando a Electricaribe a proporcionar de forma gratuita. Solo unas pocas semanas después de la toma de control, funcionarios públicos comenzaron a instar a los usuarios a no robar electricidad y a pagar sus cuentas a tiempo”.

Sin mencionar que la Contraloría, como reveló este diario en su momento, estableció hallazgos fiscales por más de $65 mil millones debido a que Electricaribe, a pesar de haber recibido los recursos por parte del Ministerio de Minas, dejó de llevar a cabo entre 2014 y 2015, 83 proyectos de normalización de redes eléctricas, Prone, lo que ahora investiga la Fiscalía, GNF asegura en su demanda que los cargos son “falsos” y que se iniciaron las pesquisas penales una vez se dio la intervención, para precipitar, aseguran la liquidación.

“A los dos meses de intervención del Gobierno, el administrador publicó un informe sobre el desempeño financiero de la compañía, revelando lo obvio: las causas subyacentes de la toma de control del Gobierno no son el resultado de la mala gestión de los demandantes (…). El administrador especial no ha podido obtener los resultados que la Superservicios ha requerido de la compañía. Las proyecciones de flujo de efectivo del administrador especial para 2017 son muy similares a las proyecciones de los reclamantes para el 2017, con un déficit de caja de 241 mil millones de pesos”, asegura la multinacional en su solicitud.

Finalmente, aseguran que el propio Ejecutivo creó el problema en la empresa: “desde la toma de control del Gobierno, la calidad de los servicios de electricidad en la Costa ha seguido deteriorándose. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que los demandantes inviertan su propio capital como condición para devolverles la compañía, incluso después de que se anunciara la liquidación. El Gobierno cínicamente espera que los demandantes realicen una inversión adicional de 1,1 billones de pesos sin comprometerse a adoptar las medidas necesarias para abordar los problemas subyacentes, que el propio Gobierno ha creado o aprobado”.

Lo que opinan los expertos

La demanda carece de cualquier sustento jurídico: Abelardo De la Espriella

El penalista cordobés, Abelardo de la Espriella, con maestría en derecho, especializaciones en derecho penal y derecho administrativo, y doctor honoris causa en derecho, calificó la demanda de la compañía como «de un cinismo superlativo, porque no solamente ha prestado un pésimo servicio en los últimos años sino que además han generado una crisis social sin antecedentes».

En la mirada del jurista, la solicitud de GNF «carece de cualquier sustento jurídico», y manifiesta su «rechazo de manera vehemente», aunque cuestiona que «hay que decirlo también: el Estado se demoró mucho para intervenir una empresa que no hizo sino maltratar a los colombianos y prestar el peor de los servicios».

Por ello, insta a que «ahora, lo que corresponde, es rodear por supuesto al Estado para que se defienda como es debido de una demanda que a mi juicio carece de cualquier sustento jurídico».

Para De la Espriella, entonces, el Estado debe quedar eximido en este pleito: «no pueden pretender ahora que el Estado salga a repararlos cuando son ellos quienes han creado el problema, es decir, el desastre se ha generado por culpa exclusiva de Electricaribe y eso, a mi juicio, exime al Estado de cualquier responsabilidad de orden patrimonial».

La empresa, según el monteriano, fue la que incumplió el tratado.